Tras amenazar con dejar sin JJOO a quien compitiera en pruebas privadas, la federación internacional cede al verse con dos demandas judiciales

La federación internacional de natación (FINA) ha cedido y permitirá a los nadadores que naden donde quieran, después de haberlos amenazado con dejarlos sin Juegos Olímpicos y Mundiales si participaban en competiciones internacionales que no organizara la propia FINA. “La FINA reconoce el derecho de los deportistas a participar en cualquier evento de natación. (…) La función de la FINA no es castigar a los deportistas”, dice el consejero legal del organismo en un comunicado publicado el martes.

La cesión de la FINA no ha sucedido de manera espontánea. Hace poco más de un mes, el 7 de diciembre, tres nadadores (Thomas Shields, Michael Andrew y Katinka Hosszú) presentaron en California una demanda colectiva contra el organismo que rige la natación mundial por violaciones de la legislación antimonopolio. Al mismo tiempo, la International Swimming League (ISL), que pretende montar una liga privada de natación con la financiación del millonario ucranio Konstantin Grigorishin, presentó otra demanda contra la FINA también por presuntas infracciones monopolísticas.

Días después, el 18 y 19 del pasado diciembre, una treintena de nadadores de primer nivel que se habían comprometido a participar en las pruebas organizadas por la ISL, una liga de clubes, se juntaron en Londres para intercambiar impresiones sobre la situación. Además de los tres titulares de la demanda colectiva, allí estaban, entre otros, Chad Le Clos, Adam Peatty y Federica Pellegrini. Defendían su derecho a nadar donde quisieran para aumentar sus ingresos: la ISL prometía repartir con ellos las recaudaciones al 50% frente al 10% habitual de la FINA.

Pero aquel grupo de nadadores rebeldes también se encontraba muy preocupado por la amenaza de quedarse sin ir a Tokio en 2020. “No podemos sacrificar los Juegos. Eso lo hemos dejado claro. Si van a sancionar con suspensiones, tendremos que decidir como un equipo. No podemos dejar los Juegos”, dijo entonces Le Clos en una entrevista en EL PAÍS. Algunos de los deportistas presentes sugirieron un plante conjunto si alguno de ellos era sancionado, aunque el consenso no fue total.

Se sentían cautivos del sistema, como describía el texto de una de las demandas: “Como prisioneros de la FINA, los nadadores no pueden competir nunca en ningún evento para ganar dinero sin la aprobación previa de la FINA”.

El organismo rector de la natación mundial había jugado fuerte. Durante varios meses del año pasado, mantuvo conversaciones con la ISL sobre las condiciones en las que Grigorishin podría organizar su liga de clubes, hasta que el ucranio se plantó. Según recogen las demandas, la FINA quería controlar la propiedad de la competición, los derechos de marca y un pago de 50 millones de dólares (unos 44 millones de euros) para los siguientes 10 años.

También se describe en las demandas la descripción de un episodio de presiones del pasado noviembre en Pekín, en una prueba de la Copa del Mundo: “Marculescu [director ejecutivo de la FINA] abordó al entrenador de la nadadora reconocida mundialmente Katinka Hosszú mientras ella calentaba antes de una carrera. Le advirtió: si Hosszú insistía en participar en el evento de la ISL, la excluirían de los siguientes Mundiales”.

La incertidumbre por las amenazas obligó a la ISL a cancelar un primer mitin que había programado para el 22 de diciembre en Turín.

Pero la federación internacional ha aflojado el órdago. “La función de la FINA no es castigar a los deportistas”, dice en el comunicado su consejero legal, François Carrard; “aunque si no se cumplen las reglas de la FINA [su autorización previa], los resultados de la competición no serán reconocidos por la FINA”.

La ISL considera “la rendición de la FINA” como “un paso en la dirección correcta para permitir a los nadadores competir y ganar más”. Sin embargo, según un portavoz oficial, las demandas presentadas en EEUU van a seguir su curso